Durante más de dos años, el Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E. permitió que una empresa privada operara dentro de sus instalaciones sin pagar arriendo, sin pólizas vigentes y prácticamente sin supervisión. Detrás de este negocio, según fuentes vinculadas al llamado cartel de la salud del Tolima, estaría el exgobernador Ricardo Orozco, señalado de haber favorecido a la firma en cuestión y de ser, presuntamente, uno de sus socios ocultos.
La empresa beneficiaria, Unitrauma IPS S.A.S., administra la Unidad de Trauma del Tolima desde marzo de 2023 bajo un contrato de arrendamiento por 15 años. Este acuerdo, diseñado para generar ingresos mensuales de $46.570.000 al hospital, terminó convirtiéndose en un grave ejemplo de descuido institucional, falta de control y posibles intereses internos.
Desde el primer año, el convenio entró en mora y acumuló una deuda que ya supera los $1.452 millones, mientras el operador continuó ocupando el espacio sin consecuencias. Un plan de pagos pactado en marzo de 2024 por $581 millones jamás se cumplió, y los requerimientos administrativos se quedaron sin efecto.
A pesar de conocer los incumplimientos desde 2023, la gerencia del hospital solo inició el trámite prejudicial en julio de 2025, después de que la prensa revelara las irregularidades. Las respuestas oficiales de la entidad en junio y octubre de 2025 confirmaron que el caso era de conocimiento interno desde hacía dos años, pero no hubo sanciones, demandas ni acciones firmes hasta que el escándalo se hizo público.
La situación se agravó cuando el hospital reconoció que el contrato carecía de pólizas vigentes desde agosto de 2023. Para empeorar, la aseguradora Seguros Mundial informó que la póliza original había sido anulada desde 2022, incluso antes de que Unitrauma iniciara operaciones. Esto significa que el contrato nació sin garantías legales.
Entre marzo de 2023 y junio de 2025, la empresa apenas pagó $673 millones, una cifra muy por debajo de lo estipulado. Para 2025, el canon mensual ya era de $53.780.000 y tampoco se estaba pagando. El hueco financiero afecta de forma directa las finanzas del hospital y su capacidad para responder a proveedores.
La Contraloría Departamental del Tolima advirtió sobre el incumplimiento desde febrero de 2024, confirmando un hallazgo fiscal, pero las medidas disciplinarias nunca llegaron. Solo cuando el tema tomó fuerza mediática comenzaron a reaccionar.
En las audiencias de conciliación extrajudicial, la empresa intentó justificar su incumplimiento afirmando que otra compañía —Distribuidores Clínicos Hospitalarios de Colombia— poseía créditos a su favor. Ambas firmas, según las investigaciones, comparten socios, representantes y vínculos contractuales, lo que sugiere una estrategia empresarial para dilatar pagos y mantener operaciones dentro del hospital.
A pesar del incumplimiento de Unitrauma, esta segunda empresa mantiene un contrato de $3.000 millones desde marzo de 2025 para operar la Unidad Renal del mismo hospital, con avances que tampoco están debidamente registrados. La situación ha despertado sospechas sobre posibles maniobras de cruce de cuentas entre las dos compañías.
El caso Unitrauma evidencia una administración permisiva que solo reaccionó bajo presión pública. Durante dos años, el Federico Lleras permitió que se violaran múltiples cláusulas contractuales sin tomar medidas efectivas, mientras se seguían firmando contratos con empresas vinculadas entre sí.
El resultado: un detrimento superior a $1.400 millones, un proceso judicial estancado y un nuevo golpe a la credibilidad de la red pública hospitalaria del Tolima.
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